La cultura en la era de la desconfianza

Por Luis Alberto Arellano

La democracia es el sistema político que Occidente adoptó, de manera violenta, como alternativa al absolutismo de XVIII. Solemos olvidar que antes de esto existía otra cosa como modelo de vida pública. Y más cuando la actuación de los funcionarios públicos dirige sus esfuerzos para que olvidemos, constantemente, origen y destino de nuestras prácticas públicas como ciudadanos. Desde el inicio de este modelo político la discusión ha discurrido sobre dos objetivos que deben ser garantizados para que tenga efecto y funcione sin simulaciones: la legitimidad y la confianza. La democracia representativa como la que vivimos se norma por el mecanismo electoral que permite a un ciudadano representar a, venir en nombre de, una comunidad. Y ese mecanismo, en constante revisión, ha permitido garantizar un mínimo de legitimidad a casi cualquier gobierno en el mundo. Pero el gran asunto pendiente tiene que ver con la confianza que esta representatividad debe garantizar. Sin duda, el país vive uno de sus momentos más conflictivos por la crisis que una legitimidad cuestionada y una confianza ausente, producen en la relación funcionarios públicos-sociedad.
En este marco de cosas el ámbito cultural local no es ajeno a esta crisis. Como los funcionarios de segundo orden no son elegidos en urnas, la legitimidad de aquel que sí, cubre el actuar de los primeros. Pero la confianza es un asunto que ellos deben trabajar y ganarse. En la actual administración la directora del Instituto Queretano de la Cultura y las Artes ha usado los 9 meses en el cargo para repetir a la comunidad cultural de que forma parte de ella. Sin embargo, cuando sus acciones deben generar confianza ha fallado. Para afirmar ser parte de la comunidad cultural debe actuar de cara a ella. A 9 meses de haber tomado el cargo no ha presentado un programa o plan de trabajo para los próximos 6 años. No sé que lo esté trabajando con la comunidad: no ha habido consultas públicas o en privado; no ha presentado programas que sean de interés colectivo ni ha comunicado cuál es su objetivo o meta para este sexenio. Más aún, en los dos programas que tradicionalmente han representado una relación firme con la comunidad, Apoyarte y el Programa de Estímulos a la Creación, las cosas han sido cuestionables.
La relación entre el funcionario y los artistas no ha sido tersa, ni aquí ni en ningún otro lugar del país. Los funcionarios por lo regular no tienen ningún vínculo con el arte o la cultura y cuando lo tienen, como en este caso o en el de Sergio Vela en el CONACULTA, muestran una vena autoritaria y mafiosa que siempre provoca cuestionamientos. En esta tensa y no resuelta relación ambos hemos diseñado mecanismos de autorregulación. Los funcionarios han optado por crear programas donde los recursos vayan a los artistas por medio de concurso, para evitar la discrecionalidad o el padrinazgo de otras épocas. Desde 2002, en la entidad y a propuesta de los actores culturales, los Estímulos a la Creación cuentan con un mecanismo de control bastante funcional: los jurados que revisan los proyectos son elegidos por sorteo de la lista vigente del Sistema Nacional de Creadores (SNC) y sólo califican durante un año. No repiten como jurados y el SNC se renueva constantemente lo que permite un umbral de imparcialidad bastante decente. Este 2010 las condiciones aquí descritas no se cumplieron a cabalidad: la lista del SNC usada para la elección de jurados estaba vencida y algunos de los jurados ya no eran miembros del Sistema. Detalle menor, pero que revela descuido y frivolidad en los procedimientos que garantizan transparencia y legitimidad. Es decir, que generan confianza. Este es el proceder de un funcionario al que no le significa nada el juicio ciudadano.
Pero el asunto grave vino con el Programa de Apoyo a la Producción Artística: APOYARTE. Este programa abre tres convocatorias al año, reparte más dinero en total que los Estímulos y tiene peores mecanismos de elección de jurados. Los jurados los elige el titular del Instituto de manera discrecional. En años anteriores Manuel Naredo había sido muy cuidadoso con la imagen que los jurados tenían dentro de la comunidad porque son artistas que forman parte de la vida cultural del estado. Es decir, son jurados locales (lo que en sí mismo no está mal) y por tanto tienen vínculos vivos con actores específicos de la comunidad. Esta ocasión ese cuidado no existió y hay resultados palpables: en el rubro Música el jurado otorgó cinco apoyos y tres fueron para estudiantes de la escuela que dirigió la actual directora del Instituto. El mayor problema fue Literatura, Miguel Aguilar Carrillo fue jurado y le otorgó el único apoyo a Separata, la magnífica revista que dirige Federico de la Vega. ¿Problema?: Miguel es parte del consejo editorial de la revista y las bases de la convocatoria explicitan que no debe presentarse un proyecto en el que los jurados formen parte. Sin duda la revista merece el apoyo, pero no violentando los procedimientos. Cuando consulté a Laura Corvera sobre este asunto me aclaró que la comisión en pleno había aprobado la relación entre Miguel y la revista. Esto me parece aún más grave: el mecanismo por el cual son los mismos artistas los que fallan los proyectos fue implementado para garantizar imparcialidad, conocimiento en la materia y confianza en la decisión. Si toda la Comisión no ve problema en contravenir las bases de la convocatoria entonces toda la Comisión falló. Y la responsable última de las decisiones de la Comisión, porque ella los nombró de acuerdo a criterios que sólo ella conoce, es la titular del Instituto. El problema es grave porque este programa tiene dos convocatorias más este año, y la Comisión que fallará esos proyectos no es confiable, porque no es imparcial y porque no entienden el espíritu del mecanismo ni de las bases de la convocatoria. Los resultados fueron públicos el 30 de abril y no ha pasado nada. La última vez que pregunté sobre el tema me respondió Laura Corvera que era un asunto interno. No comparto esa visión. Si están involucrados dineros públicos y mecanismos de participación ciudadana es un asunto público. Y debe ser resuelto de frente a la comunidad de manera transparente y expedita. No hay disculpa posible para dejar pasar una violación directa a la propia convocatoria. ¿Nadie en su equipo advirtió lo complicado de una decisión como la que adoptó la Comisión? ¿Para qué están ahí cobrando un salario de dineros públicos?
Pierre Rosanvallon tiene un libro dedicado al análisis de la confianza en las democracias occidentales, y define a la primera como “una hipótesis racional sobre una conducta futura”. Un funcionario es confiable en la medida en que podemos formular una imagen proyectada sobre cómo actuará en el futuro. Yo no confío en la directora del IQCA. No confío porque no ha presentado un programa de trabajo; porque ha apostado por la opacidad; porque su equipo es ineficiente y bisoño en la materia; porque toda su actuación en estos 9 meses desprende un tufo a frivolidad y demagogia. No confío en ella porque, basados en su conducta anterior, sería una hipótesis irracional hacerlo.

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